El Gobierno aprueba la creación de la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Con su puesta en funcionamiento se da repuesta a la reclamación de la sociedad española, los agentes sociales y las fuerzas políticas de reforzar y potenciar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
17 jul 09.- El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, a propuesta del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha aprobado un Real Decreto por el que se crea la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Con su puesta en funcionamiento se da respuesta a la reclamación que la sociedad española, los agentes sociales y las fuerzas políticas vienen realizando para reforzar y potenciar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como instrumento necesario para alcanzar los siguientes objetivos:
-- reducir la siniestralidad laboral
-- combatir la economía irregular y el fraude en cotizaciones o prestaciones sociales
-- controlar el cumplimiento de la legislación laboral y de seguridad social
-- garantizar los derechos de igualdad efectiva y no discriminación de mujeres y discapacitados.
La potenciación de la Inspección pasa, entre otras medidas, por un incremento de efectivos, y una adecuación del perfil profesional y formativo, adecuados a las diversas demandas de la función inspectora en un modelo de inspección integral.
En cuanto al incremento del número de efectivos, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 fija como objetivo alcanzar la ratio media del número de Inspectores por trabajador de la UE-15, lo que significa contar al final del período con un número aproximado de 3.000 efectivos.
Para alcanzar este número, manteniendo el alto nivel de exigencia y diversidad de conocimientos y aptitudes, precisos para el ejercicio de la función inspectora, es necesario adoptar las medidas siguientes:
-- Perfeccionar el sistema de reclutamiento y selección tradicional -oposición de base memorística- con una fase de formación teórica y práctica que permita completar la formación académica y desarrollar habilidades de negociación, mediación y conciliación.
-- Mantener un sistema de formación y actualización permanente de los funcionarios que forman parte del sistema de Inspección de Trabajo, que permita establecer itinerarios de perfeccionamiento y especialización en áreas y materias concretas.
Iniciativas, como la presente, existen tanto en la Administración española -Escuela judicial, Escuela de Inspección Tributaria, Instituto de Estudios Fiscales; como en otros países -Francia, Reino Unido, Polonia- en materia de Inspección de Trabajo. Por su parte, la OIT es partidaria de fomentar este tipo de Escuelas, en línea con la que esta Organización tiene en Turín.
La Escuela de la Inspección pretende, además, constituir un punto de referencia para el estudio, la reflexión y el debate en materia social. Dado el reparto competencial en la normativa del orden social entre el Estado y las Comunidades Autónomas, se establece la participación consultiva de las CC.AA. en el órgano de dirección de la Escuela.
El Gobierno aprueba 28 nuevos certificados de profesionalidad
17 jul 09. El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, a propuesta del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha aprobado diez Reales Decretos que incluyen 28 nuevos certificados de profesionalidad, que son las acreditaciones de las competencias profesionales que capacitan para el desarrollo de una actividad laboral.
Los certificados de profesionalidad y su formación asociada tienen como objetivo dar respuesta a las necesidades de la sociedad del conocimiento, basada en la competitividad, la empleabilidad, la movilidad laboral y el fomento de la cohesión y la inserción laboral. Su expedición corresponde a la Administración competente, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
Dichos certificados acreditan las capacidades profesionales que capacitan para el desarrollo de una actividad laboral obtenidas bien a través de acciones de formación o por el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral o vías no formales de formación. Potencialmente se podrían presentar hasta 10 millones de trabajadores.
Estos 28 nuevos certificados se estructuran en las siguientes familias profesionales: Artes gráficas (2 certificados), Administración y gestión (5), Actividades físicas y deportivas (1), Agraria (5), Electricidad y electrónica (3), Energía y agua (1), Edificación y obra civil (3), Fabricación mecánica(4), Industrias extractivas (3), Informática y comunicaciones (1).
Los certificados de profesionalidad se pueden cursar en los centros acreditados para ello por la administración laboral.
Para la elaboración de estos certificados se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
o Incidencia económica de estos sectores productivos en el mercado laboral.
o Demanda de trabajadores cualificados y ausencia de oferta formativa, o bien que dicha
oferta no responda a las necesidades reales del mercado laboral.
o Inclusión de niveles 1 de cualificación profesional en la oferta formativa de la formación para el empleo.
o Surgimiento de actividades laborales ligadas a la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
o Aparición de actividades laborales ligadas a la Ley 45/2007 de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
o Establecimiento de formación asociada a actividades laborales relacionadas con el desarrollo sostenible del medio ambiente, el patrimonio natural y la biodiversidad
o Desarrollo de áreas profesionales completas dentro de las familias, de modo que se pueda tratar con coherencia la transversalidad en la formación.
Las autonomías recibirán más de 40 millones de euros para la inserción laboral de personas con discapacidad
Por el mismo acuerdo recibirán más de 4 millones de euros para la promoción de la actividad de cooperativas y sociedades laborales
10 jul 2009.- El Consejo de Ministros ha acordado, en su reunión de hoy, a propuesta del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, la distribución territorial de 40.588.790 euros para la inserción laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo. Y 4.411.210 euros para la promoción de la actividad de cooperativas y sociedades laborales gestionadas por las Comunidades Autónomas.
Los criterios de distribución han sido aprobados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada el pasado 23 de junio de 2009 y se efectuarán con cargo a los Presupuesto Generales del Estado.
Con el Acuerdo propuesto se procede a la distribución territorial de las subvenciones durante el ejercicio de 2009, para los siguientes programas:
- Inserción laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de empleo, incluidas las ayudas correspondientes a las unidades de apoyo para el ajuste personal por el que se distribuyen un total de 40.588.790 euros según la siguiente distribución por Autonomías:
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
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En euros
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|
Andalucía
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8.695.530
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Aragón
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1.476.548
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Asturias
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1.633.070
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Illes Balears
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639.657
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Canarias
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960.842
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Cantabria
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867.653
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Castilla-La Mancha
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1.588.737
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Castilla y León
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3.031.809
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Cataluña
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9.762.227
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Com.Valenciana
|
2.683.482
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Extremadura
|
1.477.453
|
|
Galicia
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1.393.311
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Madrid
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5.160.681
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Murcia
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768.131
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La Rioja
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449.660
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Total
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40.588.790
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- Promoción de la actividad cooperativa y sociedades laborales por el que se distribuyen 4.411.210 euros, según la siguiente distribución:
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
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(En euros)
|
|
Andalucía
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1.431.316
|
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Aragón
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83.523
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|
Asturias
|
140.689
|
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Illes Balears
|
59.463
|
|
Canarias
|
221.024
|
|
Cantabria
|
43.071
|
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Castilla-La Mancha
|
267.077
|
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Castilla y León
|
231.183
|
|
Cataluña
|
406.487
|
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Com.Valenciana
|
439.723
|
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Extremadura
|
156.927
|
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Galicia
|
367.315
|
|
Madrid
|
329.100
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Murcia
|
204.262
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La Rioja
|
30.050
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Total
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4.411.210
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Esta distribución es complementaria a la que se realizó con fecha de 18 de febrero al haberse incrementado, por medio de una transferencia de crédito, las cantidades inicialmente consignadas en el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal para financiar dichas ayudas.
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